IM Farmacias, 04-02-2016.- El Comité de Bioética de España acaba de publicar un informe en el que propone tomar medidas para reforzar las campañas de vacunación, salvaguardar la protección generada por los antígenos y, sobre todo, impulsar una norma que regule la vacunación obligatoria en determinados supuestos. En este caso, apunta a aquellos casos en que las tasas de vacunación se vean reducidas de manera que pueda producirse una desprotección de la población, sin necesidad de que aparezca una epidemia o un mero brote.
Tal y como recoge el informe “Cuestiones ético-legales del rechazo a las vacunas y propuestas para un debate necesario”, “la ausencia de una norma que permita promover una medida pública de vacunación obligatoria fuera del supuesto concreto de epidemia, se muestra, prima facie, como un déficit de nuestro sistema jurídico, sobre todo, atendida las recientes experiencias de los países de nuestro entorno y algunos casos acaecidos recientemente en nuestro propio país”. De esta manera, cree que “podrían imponerse en supuestos concretos la vacunación obligatoria”, si bien hay algunos casos en que la falta de uso de una vacuna pudiera hacer peligrar el efecto rebaño, por el que la inmunización de la mayoría consigue la protección de quienes quedan sin vacunar.
El órgano consultivo asegura que para promover el uso de estos medicamentos deben promoverse prioritariamente medidas informativas e incentivadoras frente a medidas más coercitivas.
El informe también recoge entre sus posibles soluciones varias medidas basadas en incentivos, respecto de las que encontramos ejemplos en algunos países, como en el caso de Australia en el que los padres que aceptan vacunar a sus hijos reciben incentivos económicos, bien directamente o indirectamente a través de las reducciones en la carga fiscal (Family Assistance Act, 1999). Dichas medidas permitieron pasar en cinco años de una tasa de vacunación del 75% (1997) al 94% (2001). Sin embargo, es importante destacar que se trata de incentivos económicos muy relevantes ya que según algunos estudios dos de cada tres padres encontrarían problemas para sufragar los gastos del cuidado de sus hijos sin dichos incentivos.
Además, concluye, en países como Estados Unidos, las políticas basadas en la información, promoción e incentivos se están viendo sustituidas en los últimos años por medidas coercitivas, en virtud de las cuales, los padres se ven obligados a vacunar a sus hijos y los trabajadores del sector sanitario pueden verse expuestos a la pérdida del puesto de trabajo si no aceptan ser vacunados, sobre todo, en determinados ámbitos asistenciales en los que existe mayor riesgo de contagio (urgencias, planta, quirófano, etc). “Algunos autores apuntan que las tradicionales políticas de información y promoción de las vacunas están llamadas al fracaso. Las campañas basadas exclusivamente en la educación o promoción se considera que proporcionan mínimos cambios en las tasas de vacunación, sobre todo, en el ámbito de los profesionales sanitarios, exigiéndose más estudios que permitan valorar los resultados de la combinación de diferentes políticas”.
Finalmente, afirma que es importante centrar gran parte de los futuros esfuerzos en la vacunación de los profesionales sanitarios. “El principio primun non nocere o de no maleficencia que preside la relación profesional sanitario-paciente, permite afirmar que la negativa de dichos profesionales no parece aceptable desde una perspectiva ética y deontológica”.