Redacción, 14-08-2015.- Además de en estancos y tiendas especializadas, el Gobierno seguirá permitiendo la venta de cigarrillos electrónicos en farmacias y parafarmacias. Así lo recoge el proyecto de real decreto por el que se regula la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y relacionados, que ha sido elaborado por el Ministerio de Sanidad para incorporar al ordenamiento jurídico español la última directiva europea del tabaco, aprobada el pasado mes de abril.
La medida, informa el periódico El País, ha sorprendido a los especialistas en Salud Pública que, como Francisco Rodríguez Lozano, presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), la consideran «cuando menos chocante».
«El mismo texto reconoce que es un producto tóxico, que no es inocuo, así que no se entiende por qué se autoriza su venta en farmacias. Es una forma de despistar al consumidor», señala el especialista.
Tal y como apunta Rodríguez Lozano, el borrador reconoce que «a corto plazo se han hallado efectos fisiológicos adversos en las vías respiratorias similares a aquellos asociados al humo del tabaco» o que «se han encontrado sustancias cancerígenas en líquidos y vapor de estos cigarrillos», pese a lo que autoriza su distribución en boticas, algo que tampoco comprende Carlos Jiménez, especialista de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Según su opinión, la medida no es adecuada porque «las farmacias son centros sanitarios donde se dispensan productos saludables y terapéuticos», informa Europa Press. De hecho, coinciden ambos especialistas, no tiene sentido autorizar su venta en las boticas y, en otro punto de la misma normativa, prohibir expresamente que estos dispositivos se publiciten o promocionen «como métodos de ayuda para dejar de fumar, inocuos o exentos de riesgos para la salud o similares».
La venta en farmacias de estos dispositivos no es el único punto que critican los especialistas. «Esperábamos más, aspirábamos a que las medidas hubieran ido más allá de la mera transposición de la directiva europea», indica Rodríguez Lozano, quien, con todo, recuerda que el proyecto está en periodo de audiencia y el Ministerio de Sanidad ha pedido a varias sociedades científicas que redacten un informe con una valoración y sugerencias de cambio. El plazo para entregar dicho informe finaliza el próximo 15 de septiembre.