Redacción, 02-02-2015.- El Sistema Nacional de Salud se prepara para la entrada de un importante número de medicamentos biosimilares. Las sociedades científicas coinciden en que la llegada de nuevos productos puede suponer un elemento de ahorro, pero advierten de que no deben primar los criterios economicistas por encima de la evidencia científica. Así lo manifestaron durante la celebración de la ‘Jornada Presente y futuro de los biosimilares. Visión multidisciplinar’, que organizaron Gaceta Médica, El Global, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la consultora IMS Health.
El presidente electo de la Sociedad Española de Reumatología (SER), José Luis Andréu, expresó su temor de que, ante la necesidad de ahorro, los médicos se vean presionados a prescribir medicamentos biosimilares en lugar de permitir la entrada de las innovaciones. «Esto podría provocar anticuerpos dentro de la clase médica contra estos fármacos», reveló.
Los cálculos del ministerio de Sanidad ponen de manifiesto que la entrada de biosimilares en el mercado supondría una rebaja del coste del medicamento biológico original del 25 por ciento. Las sociedades consideran que esta ventaja económica debería servir para permitir el acceso a nuevos medicamentos. «En un entorno tan complicado como el actual se va a generar un colchón para incorporar más innovaciones y tratar a más pacientes», subrayó José Luis Poveda, presidente de la (SEFH).
Sin embargo, informa Gaceta Médica, el actual contexto de escasez de recursos y de austeridad económica ha supuesto en ocasiones un «cierto freno a la incorporación de nuevos fármacos, incluso cuando se han elaborado los informes de posicionamiento terapéutico», manifestó el secretario de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Antonio Llombart.
Ante este riesgo de freno de la innovación, las sociedades científicas expresaron su desconfianza sobre el debate que se ha generado acerca de la intercambiabilidad y sustitución entre fármacos biológicos y biosimilares. «El intercambio de biológicos es frecuente debido a ineficacias, efectos adversos, costes…», explicó Poveda, quien aclaró que esta decisión nunca se adopta de manera «unilateral», sino colegiada por la Comisión de Farmacia y Terapéutica Hospitalaria.
Los cambios sólo deben producirse cuando el médico observe que no está obteniendo los resultados esperados en pacientes naïve. «Me opongo a que en pacientes con artritis reumatoide ya controlados con un fármaco, se les tenga que cambiar por tema económico», aseveró Andréu.
Si los profesionales médicos mantienen esta libertad de prescripción, «los biosimilares serán bien recibidos porque aumentarán el coste-oportunidad», expresó el presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), Fernando Carballo, quien reiteró la necesidad de crear un clima que permita establecer un «terreno común».
Carballo lamentó la falta de comunicación, no sólo ya entre niveles asistenciales, sino entre los propios profesionales. «Existen profundos fosos entre la atención primaria y la hospitalaria, así como entre los propios hospitales, porque no hablamos», destacó el presidente de la SEPD.
Ante esta situación, Andréu insistió en la necesidad de una «mayor planificación» sobre el uso de biosimilares. De este modo, «vamos a permitir que baje la factura de los fármacos biológicos».
Carballo se manifestó en la misma línea. Abogó por el establecimiento de criterios comunes para hacer frente a las novedades que comienzan a entrar en el sistema: «Como no hay una estrategia no podemos anticiparnos a los problemas que surjan».
Una mayor planificación permitiría reducir las inequidades que se producen dentro del sistema sanitario. En los últimos años, los expertos vienen advirtiendo de que las desigualdades no sólo se producen entre comunidades autónomas, sino también entre hospitales de la misma región.
Las sociedades científicas se prestan a llevar a cabo esta planificación. Una de las necesidades sería la medición de los resultados en salud. «El papel de las sociedades científicas va a ser más exigente», afirmó Poveda. El presidente de la SEFH considera que estas instituciones deberán recuperar «competencias que se habían delegado a los servicios de salud como resultados, transparencia…».
La misma tesis defendió Andréu quien insiste en que «la comparación de datos resulta básica para conocer dónde se están destinando los recursos». Para ello sería necesario «compartir los datos», lo que a juicio de Carballo, supondría «la gran revolución». En este rol de evaluación jugaría un papel importante la trazabilidad «para conocer la efectividad» de los tratamientos, señaló Carballo. Desde su punto de vista sería necesario reforzar la farmacovigilancia.
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