Redacción, 15-06-2022.- El Presidente del IDIS, el Dr. Juan Abarca, aborda las consecuencias puede tener la Ley de Equidad para la sanidad privada.
A continuación se recoge parte de la entrevista:
Pregunta- ¿Qué consecuencias puede tener la Ley de Equidad para la sanidad privada?
Respuesta- Me parece una Ley muy agresiva y nociva. Porque, de alguna forma, se estigmatiza a la sanidad privada y a la gestión privada de la sanidad pública. Cada partido puede tomar las decisiones ideológicas que considere. Obviamente, cumpliendo siempre criterios de eficiencia y eficacia. E intentando hacer las cosas lo mejor posible. Pero que, por ley, se discrimine a las fórmulas de colaboración público-privada, sólo traslada una opinión a la sociedad que no es acorde con la realidad. Hoy, como todo el mundo sabe, la colaboración público-privada es absolutamente imprescindible para atender la demanda de la población.
Hay muchísima lista de espera y problemas para acceder al sistema sanitario. Y si no fuera por la sanidad privada, hacerlo sería, simplemente, imposible. Además, después del comportamiento que ha tenido en general la sanidad privada durante la pandemia, con actuaciones y resultados verificables, la decisión no está justificada.
«La Ley no impide las fórmulas de colaboración público-privadas, sino que las protocoliza»
P- ¿Por qué considera que podemos estar ante una situación en la que el Gobierno sólo busca un titular que le beneficie ante su potencial electorado?
R- Porque, en el fondo, la Ley no impide las fórmulas de colaboración público-privadas, sino que las “protocoliza” y exige una serie de requisitos que hasta ahora no eran necesarios. Lo que significa que esto va a seguir dependiendo de la gestión de cada CC.AA. Es cierto que, al quedar protocolizado en una ley, hay mucho más riesgo de que cualquier colaboración público-privada o concierto sea recurrido, por lo que el tema se “judicializaría”. Pero la Ley dice que las CC.AA. tendrán que justificar la necesidad de recurrir a esas fórmulas, mientras que ahora los requisitos son mucho más laxos. En los últimos tiempos, hemos vivido las reversiones de los hospitales de Alzira y Torrevieja, que han resultado nefastas. Y que también se han judicializado. Por tanto, no es que se impida la colaboración público-privada, sino que se le exige una cantidad de requisitos que, obviamente, pueden dar pie a una judicialización permanente.